A fondo: Planes de Pensiones específicos para discapacitados, un ahorro con grandes ventajas fiscales para ellos y sus familiares

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Los Planes de Pensiones están orientados a complementar la pensión de jubilación pública, la que a cada trabajador le corresponde después de haber cotizado a la Seguridad Social. Y desde 1999 también existen Planes de Pensiones especiales para personas minusválidas. Tanto si lo contrata la persona discapacitada como algún familiar cercano (hasta tercer grado), estos Planes de Pensiones específicos aportan ventajas no solo al propio discapacitado sino también a los familiares. Aunque el beneficiario, es decir, la persona que recibe el dinero siempre es la persona minusválida (excepto si fallece, claro). Los requisitos para poder contratar estos ventajosos Planes de Pensiones son:

 

Que la minusvalía física o sensorial sea igual o superior al 65%; si la minusvalía es psíquica que ésta sea en grado superior al 33%; o independientemente del grado, cuando se haya declarado judicialmente la incapacidad.

 

Las aportaciones, que pueden ser realizadas por el minusválido y/o sus allegados, también están limitadas, aunque la cuantía varía con respecto a los Planes de Pensiones no especiales. La limitación varía dependiendo de quién realice la aportación. Así, cuando el dinero proviene de la persona discapacitada y es ella misma la que figura como partícipe (titular), el límite es de 24.250 euros al año. Si el dinero lo aportan los familiares, siendo el minusválido el partícipe, el máximo al año es de 10.000 euros. En caso de que la aportación sea mixta, es decir una parte de la familia y otra del minusválido, la cantidad no puede sobrepasar los 24.250 euros.

 


 

 

Como en todos los Planes de Pensiones y Planes de Previsión Asegurados, la reducción fiscal por las aportaciones anuales al Plan de Pensiones para discapacitados también se efectúa a través de la base imponible del IRPF.

 

Las contingencias cubiertas por el Plan específico para personas discapacitadas  son:

 

Cuando la persona se jubile o esté en situación asimilable, que en el caso de las personas discapacitadas sin empleo es posible solicitar la prestación a partir de los 45 años. También cuando la salud del minusválido se agrave y le incapacite para trabajar. O cuando fallezca el cónyuge del minusválido o alguna persona allegada de la que dependa. También cuando se jubile o se encuentre en situación asimilable la persona de la que depende el discapacitado.

 

El dinero que recibe el minusválido derivado de las aportaciones realizadas al Plan de Pensiones se puede cobrar en forma de capital, de renta o de forma mixta, es decir, en un solo pago, en varios pagos o en una combinación de ambas, respectivamente. Sin embargo, cuando la prestación se deriva de aportaciones de familiares o el cónyuge del discapacitado, deberá percibirse en forma de renta temporal o vitalicia, actuarial o financiera. Aunque hay excepciones: si el minusválido padece una gran invalidez y requiere la asistencia de terceras personas; o cuando el derecho consolidado sea inferior a dos veces el salario mínimo interprofesional (el salario mínimo interprofesional es de 641, 40 euros en 2011).

 

La prestación tributa como rendimientos del trabajo en el IRPF. Y la rentas, ya sean vitalicias o temporales, gozan de una exención fiscal de hasta tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).  En 2011 el IPREM mensual fijado es de 532,51 euros.

 

Con la reforma de las pensiones, que empezará a aplicarse de manera gradual a partir de 2013, las personas con discapacidad podrán jubilarse a los 56 años, dos años antes que actualmente. Además, disminuye de los 35 a los 25 años el tiempo de cotización mínimo para cobrar una pensión.

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