La reforma de la ley de la discapacidad ha permitido que cerca de 100.000 ciudadanos con algún tipo de discapacidad hayan podido ejercer su derecho de sufragio, pero, además, incluye otro tipo de medidas que amparan y protegen a este colectivo. Todos los derechos de los que gozan las personas con discapacidad están regulados por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Por discapacidad entendemos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS):

«Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano».

Ayudas contempladas en la ley de discapacidad

Existen múltiples ayudas para la atención de las personas que padecen alguna discapacidad, que abarcan desde ayudas económicas a beneficios fiscales.

Para acceder a este tipo de ayudas económicas laborales, fiscales y sociales es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad expedido por el IMSERSO, que acredite padecer una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, además de reunir una serie de requisitos previos.

Se pueden solicitar en distintas instituciones dependiendo de su origen y objetivo: la Agencia Tributaria, la Seguridad Social, el IMSERSO, etc.

Entre las numerosas ayudas que existen, reseñamos algunas de las más destacadas:

Ayudas de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria ofrece beneficios y reducciones fiscales a las personas que padecen alguna discapacidad, entre los que se pueden citar:

  • IVA superreducido al 4 por ciento en la adquisición o adaptación de vehículos y exención del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) para vehículos que sean de su propiedad y uso exclusivo.
  • Deducciones por la adquisición, adaptación y adecuación de la vivienda
  • Reducción de la base imponible en las aportaciones realizadas a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social.
  • Deducciones sobre la cuota autonómica del IRPF en materia de discapacidad.
  • Exención de las prestaciones por desempleo y de mínimos en el Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Reducciones importantes sobre el impuesto de sucesiones y donaciones.

Prestaciones sociales y económicas del IMSERSO

Mujer de espaldas llevando una silla de ruedas por el campo

https://bit.ly/2L9WIef

Según se recoge en la página oficial del IMSERSO, el sistema especial de prestaciones establecido en la Ley de Integración Social de las personas con discapacidad (Lismi), establece un conjunto de prestaciones económicas destinadas a la protección de las personas mayores de 18 años y menores de 65 que posean un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, cuyos ingresos en 2019 sean inferiores a 5.488 euros anuales y no hayan cotizado o lo hayan hecho de forma insuficiente para tener derecho a una prestación contributiva.

Estas prestaciones son:

  • El subsidio de garantía de ingresos mínimos y el subsidio por ayuda de tercera persona, ambos suprimidos actualmente pero que se mantienen para los que venían disfrutándolos.
  • El subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte para personas de más de tres años de edad con grave dificultad para utilizar transportes colectivos.
  • Asistencia sanitaria y prestación farmacéutica.

Ayudas del SEPE

El Servicio Estatal de Empleo (SEPE) ofrece la Renta Activa de Inserción (RAI) para las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, y que no posean ingresos mensuales propios superiores a 675 euros (75 por ciento del salario mínimo interprofesional).

Además, deben reunir los siguientes requisitos:

  • Haber extinguido una prestación contributiva o subsidio por desempleo.
  • No tener derecho a las prestaciones o subsidios de desempleo.
  • Estar inscrito ininterrumpidamente en la oficina de empleo como demandante de empleo durante 12 o más meses.

Previamente deberá acreditar ante el servicio público de empleo autonómico de su oficina la realización de, al menos, tres acciones de búsqueda activa de empleo.

La RAI se concede durante 11 meses como máximo y se cobra con efectos del día siguiente a la solicitud. La cuantía mensual de esta ayuda en 2019 es de 430,27 euros mensuales, que equivale al 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La solicitud de la ayuda puede presentarse en la sede electrónica del SEPE; en la oficina de prestaciones con cita previa; en cualquier oficina de registro público o por correo administrativo.

Ayudas de la Seguridad Social

La Seguridad Social también contempla prestaciones y ayudas para personas que poseen un determinado grado de discapacidad. Entre ellas podemos citar:

La prestación por descendientes con discapacidad, que consiste en una asignación económica por cada hijo menor de 18 años o mayor de dicha edad y que esté afectado por una discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar, permanente o guarda con fines de adopción.

La cuantía de las ayudas es la siguiente:

  • Hijos menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 33 por ciento: 1.000 euros anuales.
  • Mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 4.704 euros al año. Si la discapacidad es igual o mayor del 75 por ciento: 7.056,00 euros anuales.

No se tendrán en cuenta, en ninguno de estos casos, los ingresos del beneficiario.

Asimismo, las madres que acrediten una discapacidad igual o superior al 65 por ciento podrán beneficiarse de ayudas en la cuantía reglamentariamente establecida.

El caso de Aragón

En los últimos años, las comunidades autónomas han mostrado propensión a proteger mediante leyes los derechos de las personas con discapacidad para evitar en el futuro los efectos de posibles recortes por parte del Estado. La Comunidad de Aragón ha sido la última en sumarse a esta tendencia al aprobar por unanimidad de todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón, la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es garantizar los derechos de estas personas.

Entre otras cosas, la nueva norma establece una serie de infracciones leves (que serán sancionadas con 300 a 30.000 euros), graves (30.001 a 90.000) y muy graves (90.001 a un millón). Además, reconoce “el derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a la asistencia personal” y promueve “la utilización de perros de asistencia, garantizando su libre acceso a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público”.