Dos sentencias del Tribunal Supremo indican que el impuesto AJD que grava los actos jurídicos documentados en España, determinan que deben ser pagados por el prestatario. Se llega a esta conclusión tras varios recursos de casación presentados por los consumidores en su lucha contra las clausulas abusivas que los bancos aplicaban en sus contratos de préstamos.

Estas dos sentencias de Tribunal Supremo vienen a aclarar algunas dudas que existían sobre la obligación de pago del impuesto de actos jurídicos documentados o AJD. Hasta el momento, algunos bancos lo incluían dentro de las clausulas que el cliente debía firmar si quería obtener el préstamo bancario para la compra de una nueva vivienda, por ejemplo.

A la hora de adquirir una vivienda, los impuestos y clausulas varían en cada entidad, por ello es importante que revises todos los puntos antes de firmar nada. De esta manera, podrás estar seguro y tranquilo.

¿Qué es el impuesto AJD?

Se trata de un impuesto pasivo que grava los actos jurídicos documentados. Dentro de estos actos jurídicos se engloban 3 grupos:

  • Los documentos notariales: en ellos se gravan escrituras, actos y testimonios notariales que están compuestos por una cuota fija y otra variable. Con estas sentencias del Tribunal Supremo, quien debe pagar este impuesto, siempre es el sujeto pasivo del contrato, es decir, el prestatario.
  • Documentos mercantiles: en ellas se incluyen aquellas que sean susceptibles de un préstamo o crédito que pueda ser transmitido.
  • Documentos administrativos: transmisión por sucesión o cesión de títulos nobiliarios o su rehabilitación. En este apartado, se incluyen también las anotaciones con carácter preventivo en registros públicos. Estas últimas se gravan con un 0,50 por ciento de la base imponible que se vaya a registrar.

¿Quién debe pagarlo?

Tras la resolución de diversos recursos de casación presentados por personas que habían pedido un préstamo, finalmente se ha concluido en que deben fijarse en quién debe pagar cada una de las cuotas de las que está compuesto el impuesto de actos jurídicos documentados.

El AJD está compuesto por dos cuotas, una fija y otra variable, de las que deberá hacerse cargo el sujeto pasivo de la acción:

  • Cuota fija: es aquella que debe abonarse para poder emitir los títulos ya que estos deben ir siempre elaborados sobre papel timbrado. En el caso de este impuesto, el valor del papel para redactar los documentos es muy bajo: 0,30 euros por pliego y 0,15 euros por folio. Este tipo de papel timbrado se utiliza para la redacción de la matriz y las copias autorizadas. La matriz debe abonarse por parte del prestatario, que en el caso que nos ocupa sería la entidad bancaria que es la que realiza el préstamo, salvo que ambas partes acuerden que se va a aplicar otro régimen de pago. En cuanto a las copias autorizadas, estas deberán ser abonadas por el solicitante de las mismas, es decir, el particular que recibe el préstamo.
  • Cuota variable: esta parte del impuesto lo determina cada una de las comunidades autónomas y se aplica siempre el que corresponda con el lugar en el que se ha adquirido la vivienda. El tipo aplicable general es del 0,50 por ciento de la cuota imponible y deberá correr a cargo del sujeto pasivo de la operación, es decir, el prestatario.