3 Min de lectura | La reforma de las pensiones es un compromiso del Gobierno con la Unión Europea para recibir los fondos del programa Next Generation EU contra la pandemia. En este contexto, el Ejecutivo estudia una ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de las prestaciones, actualmente en 25 años, que supondría un recorte de su cuantía y un alivio para los costes de la Seguridad Social.

La primera medida en el ámbito de la reforma de las pensiones ya está en vigor, la vinculación de la revalorización anual de las prestaciones con el Índice de Precios de Consumo (IPC). Además, el Gobierno estudia un posible cambio al alza en el periodo de cálculo de la base reguladora que podría provocar una reducción de las futuras pensiones. En síntesis, esta decisión sería una forma de aplicar recortes en la Seguridad Social para reducir el coste de las prestaciones, que ya supera los 10.000 millones de euros mensuales.

Esta última medida está relacionada con el compromiso adquirido por el Ejecutivo con la Unión Europea, en el marco de los requisitos para acceder a los fondos del programa Next Generation EU para hacer frente a la pandemia. La reforma de las pensiones, para adecuarlas al escenario actual, es una de las claves para acceder a estos fondos. A continuación, explicamos la situación actual y si pudieran producirse recortes en la Seguridad Social.

Medidas de sostenibilidad

El objetivo de cualquier cambio normativo, en un contexto de aumento de la esperanza de vida y de envejecimiento de la población, debe ser el de equilibrar la preservación de la capacidad adquisitiva de los pensionistas, en especial, los jubilados, con la sostenibilidad de la Seguridad Social. En 2021, el déficit de este organismo fue de algo más de 12.000 millones de euros (1 % del PIB).

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Revalorización conforme al IPC

A partir 2022, las pensiones vuelven a indexarse con el IPC medio del ejercicio precedente -de diciembre a noviembre-. Las máximas se revalorizan un 2,5 %, hasta los 2.819,58 euros mensuales en 14 pagas, mientras que las mínimas lo hacen en un 3 % y alcanzarán los 890 euros al mes para aquellas personas mayores de 65 años con un cónyuge a cargo.

El primer problema para los pensionistas reside en que, a pesar de recuperar la vinculación de la revalorización de las pensiones con el IPC, en la práctica, la subida de los precios la suprime. En un contexto inflacionista, como el que vive la economía desde finales de 2021 hasta los primeros meses de 2022, el aumento del coste de la vida es superior al incremento aplicado en las prestaciones.

Periodo de cálculo

Actualmente, para calcular la base reguladora de las pensiones se utilizan los últimos 25 años de cotización. En la práctica, esta normativa lo que implica es que la prestación se mide en función de los años de carrera laboral en los que, teóricamente, el salario del trabajador es más elevado.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudia ampliar este periodo -se discute la posibilidad de elevarlo hasta los 35 años– con el objetivo de que la base reguladora resultante sea menor. De salir adelante esta iniciativa, con los matices pertinentes, las futuras pensiones sufrirían, por tanto, un recorte en su cuantía, ya que esos diez años adicionales en el cálculo global serían aquellos en los que el salario, en términos generales, es más bajo.

Extensión de la edad de jubilación

Las dos medidas anteriores se suman a algunas que ya están en vigor, como la ampliación progresiva de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027. En virtud de esta senda, la edad legal de retiro en 2022 se sitúa en 66 años y dos meses.

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Borja Carrascosa Nogales

Consultor y MBA por IE Business School

Colaborador MAPFRE

Borja Carrascosa Consultor
Borja Carrascosa Nogales
Consultor y Periodista Económico en Revista Capital | Web

Consultor, con una experiencia de más de seis años; periodista con 16 años de trayectoria como analista económico y financiero y MBA por IE Business School.