¿Por qué un aumento del déficit público es negativo para la deuda de un país?

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¿Por qué un aumento del déficit público es negativo para la deuda de un país?

El déficit público es el resultado del desfase entre los ingresos y los gastos del Estado en un ejercicio económico, y, para equilibrarlo a corto plazo, el país debe pedir dinero prestado al mercado y elevar su endeudamiento. Cuanto más aumente el déficit, más lo hará la deuda pública y sus costes de financiación.

El déficit público es el resultado del desequilibrio que se produce en las cuentas de un país cuando los gastos del Estado superan los ingresos públicos. Esta situación se genera principalmente cuando los primeros crecen mucho, cuando hay un descenso en los segundos o, como hemos visto en la reciente crisis financiera, cuando ambos escenarios coinciden.

El impacto de la crisis financiera en España es un buen ejemplo para ilustrar esta última situación, ya que el déficit público del país se situó en 2009 en su máximo histórico: 118.194 millones de euros (equivalentes a casi el 11 por ciento del PIB en aquel año). Este desequilibrio se produjo como consecuencia del fuerte incremento del gasto público (494.002 millones, un 7,5 por ciento más que los 459.389 millones de 2008) y el desplome de los ingresos (375.808 millones, un 18,2 por ciento menos que los 459.389 millones registrados un año antes). Si hay recesión, la merma de la actividad económica reduce la recaudación por IVA, Sociedades o IRPF.

Para financiar el déficit público, el Estado tuvo que recurrir al mercado, incrementando su deuda pública mediante abultadas emisiones de bonos a tres y cinco años, obligaciones a diez y letras a un plazo de entre tres y dieciocho meses por parte del Tesoro Público. La desconfianza del mercado ante las economías del Sur de Europa, incapaces de reducir sus niveles de desequilibrio presupuestario, incrementó los intereses que los inversores solicitaban a España y otros países para prestarles dinero comprando títulos de renta fija.

El coste de financiarse en el mercado

En 2011, en los peores momentos de la crisis, España tuvo que comprometer un interés de hasta el 5,22 por ciento para conseguir colocar letras a tres meses entre los inversores y del 7,088 por ciento por las obligaciones a diez años, según se desprende de las estadísticas del Tesoro público. Hoy, tras las bajadas de tipos de interés, las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo, su intervención en el mercado secundario y la progresiva estabilización de las cuentas públicas españolas, la rentabilidad de las Letras está en negativo. Dicho de otra forma, en vez de pagar, hoy España está cobrando a los inversores que le prestan dinero en las emisiones de deuda a corto plazo, y el cupón marginal a diez años se sitúa en el entorno del 1,13 por ciento en las subastas.

Desde 2007, España no ha registrado superávit presupuestario (los ingresos superan los gastos), aunque el desequilibrio en las cuentas públicas, que alcanzó el citado 11 por ciento del PIB en 2011, se ha ido reduciendo hasta cerca del 2,5 por ciento del PIB (29.982 millones de euros) en 2018. En este mismo periodo, es decir, en los últimos once años, el volumen de deuda pública ha pasado de 384.662 millones (35,6 por ciento del PIB, 2007) a 1,047 billones (97,1 por ciento del PIB, 2018), un incremento del 172,3 por ciento.

Este aumento de la deuda pública en circulación se ha trasladado al coste de los intereses en los presupuestos. En total, España abonó por esta partida un total de 29.752 millones de euros en 2018, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), una cifra que llegó a superar los 36.000 millones en 2014. En 2006, antes de la crisis, el coste de la deuda se situó en 16.100 millones, un 55 por ciento menos. Este capital extrae recursos que el sistema público podría destinar a partidas sociales como las pensiones o a capítulos como la inversión (formación bruta de capital fijo). Además, obliga al Gobierno a subir los impuestos, lo que reduce la capacidad de consumo, inversión o ahorro del sector privado (empresas y ciudadanos).

Cuentas públicas saneadas para reducir el endeudamiento

Para evitar un incremento de la deuda pública, y todo lo que ello implica, los países deben reducir su déficit público, y, especialmente, el déficit estructural para ganar solvencia a ojos del mercado. Este último concepto refleja aquel desequilibrio presupuestario de las cuentas públicas de una economía que no tiene que ver ni con el ciclo económico (recesión o crecimiento) ni con gastos de carácter extraordinario (por ejemplo, los rescates bancarios). Es el “agujero” presupuestario que no se ve afectado por la actividad económica, sino con decisiones del Gobierno en aquellas partidas de gasto que puede controlar y en su política fiscal.

Tijeras cortando la palabra déficit

En 2018, España es el único país de la Zona Euro sometido a un protocolo de déficit excesivo por parte de las autoridades europeas, un procedimiento que implica un control exhaustivo por parte de la Comisión Europea. El Banco Central Europeo, dependiente de Bruselas, ya ha manifestado que la mejoría económica del país ha elevado los ingresos fiscales por una mayor actividad, pero que esta situación ha “camuflado” un aumento el gasto público, y, por extensión, del déficit estructural, que sigue creciendo año tras año.

En resumen, el déficit público siempre se financia con deuda pública, cuyo incremento expone al país que lo sufre a una refinanciación constante y cada vez más abultada mediante emisiones de renta fija. Además, el proceso de reducción de los desequilibrios presupuestarios es siempre mucho más lento que su aumento, lo que provoca la extensión de las situaciones de crisis en las cuentas públicas. A mayor déficit, mayor deuda pública y menos recursos del Estado para contribuir al crecimiento económico.

2019-06-24T08:54:36+02:0028 mayo, 2019|

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