El envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la desaceleración que registra la creación de empleo, tras cinco años de recuperación prácticamente ininterrumpida, son las principales amenazas sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Ante este escenario de desequilibrios entre ingresos y gastos de la Seguridad Social, instituciones como el Banco de España o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya han avisado de que la mejoría del mercado laboral no será suficiente para corregir el déficit del modelo de protección social vigente.

El impacto social que genera este escenario choca contra uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Concretamente, con el número 8, titulado Trabajo decente y Crecimiento Económico, que propone medidas para asegurar el empleo y la protección social de los ciudadanos. La difícil sostenibilidad del sistema impide al Estado asegurar la jubilación en buenas condiciones y un nivel sostenible de ingresos procedentes de la Seguridad Social.

Tres jubilados o con derecho a estarlo por cada siete ciudadanos en activo

La evolución de la tasa de dependencia -que relaciona la población dependiente mayor de 64 años con la población en edad de trabajar- no ha parado de crecer en los últimos años y ya alcanza el 29,9 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto significa que en España hay prácticamente tres personas jubiladas o con derecho a estarlo por cada siete ciudadanos en edad de trabajar -entre 16 y 64 años-. En 2008, la tasa estaba en el 23,2 por ciento.

Dicho de otra forma, y según las cifras anteriores del INE, actualmente 234 personas en edad de trabajar (activos) sostienen las pensiones de cada 100 jubilados, el equivalente a una ratio entre activos y retirados del 2,34. Afortunadamente, la cifra está lejos del 2,09 alcanzado en 2017 (el mínimo registrado por nuestro país en lo que va de milenio). No obstante, la sostenibilidad del sistema de prestaciones sociales no está asegurada por el aumento constante de la pensión media de jubilación.

La prestación media de jubilación se situó en 1.142,7 euros mensuales el pasado mes de noviembre, lo que refleja un incremento del 3,3 por ciento en tasa interanual. La pensión media global -que incluye el retiro, la viudedad, la orfandad, la incapacidad permanente y el favor de familiares-, por su parte, escaló un 3,6 por ciento, hasta los 995 euros mensuales.

El gasto en pensiones crece

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Hasta el pasado mes de septiembre, la Seguridad Social acumulaba unos ingresos de 103.202,68 millones de euros por cotizaciones sociales. Esta cifra supone un 8,1 por ciento más que la registrada en el mismo periodo de 2018, y, si sumamos las transferencias corrientes y de capital, los ingresos patrimoniales, la enajenación de inversiones y otros conceptos, el capital ingresado en términos homogéneos ascendió hasta los 121.227,50 millones.

El gasto en el que incurrió la Seguridad Social en el mismo periodo (enero-septiembre) en términos homogéneos, por su parte, fue de 126.473,96 millones de euros. De esta cifra total, el 93,7 por ciento -118.454,90 millones- se destinó a ayudas económicas a familias, un 5,5 por ciento más que en 2018. El gasto directamente destinado a los distintos tipos de pensiones -invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares- fue de 106.198,50 millones, un 5,3 por ciento más que un año antes.

El déficit entre ingresos y gastos, por tanto, fue de 5.246,46 millones de euros en los tres primeros trimestres. Esta cifra es el equivalente, por ejemplo, al presupuesto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La principal medida, que se puso sobre la mesa hace ya algunos años, es el retraso en la edad de jubilación y la contratación de productos de ahorro destinados a complementar la pensión pública. El Banco de España advierte de que la vinculación de las pensiones del sistema de la Seguridad Social al IPC, con el objetivo de absorber el aumento del coste de la vida, puede generar un importante agujero en las cuentas públicas.

Su desvinculación ya se ha producido, con el objetivo de aliviar los costes del sistema y poner coto al gasto del Estado en prestaciones públicas.