///La Ley de información no financiera en las empresas

La Ley de información no financiera en las empresas

4 minutos | La nueva normativa obliga a las grandes empresas a informar sobre asuntos: medioambientales, laborales, sociales, de derechos humanos y éticos (corrupción y soborno). Un año después de su entrada en vigor, el 90 por ciento de las compañías del Ibex 35 ya suministran más información de la necesaria por Ley.

La época en la que las empresas solo publicaban información financiera u otro tipo de reporting de naturaleza obligatoria ya ha pasado. Los grupos de interés (stakeholders) y la propia sociedad demandan cada vez más implicación social, medioambiental y de gobierno corporativo (criterios ESG, por sus siglas en inglés) a las compañías. De hecho, estos aspectos se han convertido en factores influyentes en las decisiones de inversión.

Esta situación obliga al sector privado a publicar información sobre la materia no financiera de una forma recurrente, principalmente a través de Memorias de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), Informes Integrados u otro tipo de documentos. La publicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las conclusiones del Acuerdo de París sobre cambio climático también han reforzado esta tendencia.

El concepto de información no financiera es amplio. En términos generales, engloba toda aquella información de carácter no financiero que pueda ser útil para valorar el impacto de la actividad de una compañía sobre el entorno físico (natural y no natural), político y social en el que opera.

A nivel legislativo, en 2017 entró en vigor la Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera y diversidad. Los países miembros de la UE adaptaron esta norma al ordenamiento jurídico estatal con diferentes grados de exigencia, y España fue de las últimas en transponer dicha normativa mediante el Real Decreto-Ley 18/2017 sobre información no financiera y diversidad, el 24 de noviembre de 2017.

No obstante, hace un año se aprobó la nueva Ley 11/2018 sobre información no financiera y diversidad, a través de la cual se modifica el Código de comercio, el texto refundido de la Ley de sociedades de capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017).

Claves de la Ley de información no financiera

La Ley de información no financiera divide sus exigencias de reporting en cinco áreas:

  • Cuestiones medioambientales.
  • Cuestiones sociales y relativas al personal.
  • Respeto a los derechos humanos.
  • Lucha contra la corrupción y el soborno.
  • Sociedad.

En el ámbito medioambiental, las empresas deben informar, a través de sus sistemas de reporting, sobre las acciones y el efecto de su actividad en el medio ambiente. Además, los informes deben incluir información sobre la contaminación atmosférica, acústica y lumínica; las iniciativas de economía circular; la gestión de los recursos básicos; las emisiones de gases de efecto invernadero (cambio climático), y la protección de la biodiversidad.

Los aspectos sociales y relativos al personal están relacionados con:

  • El empleo.
  • La organización del trabajo.
  • La salud y la seguridad.
  • Las relaciones sociales.
  • La formación y educación.
  • La accesibilidad de las personas con discapacidad.
  • Las claves sobre integración e igualdad.

En términos de respeto a los derechos humanos, la Ley establece exigencias de reporting sobre los procedimientos de:

  • Due diligence.
  • La gestión de los riesgos.
  • El cumplimiento de la normativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
  • La eliminación de la discriminación.
  • La supresión del trabajo forzoso.

La lucha contra la corrupción y el soborno incluye acciones de prevención y combate y control de las aportaciones a entidades y fundaciones sin ánimo de lucro. Por último, en el ámbito de la sociedad, la Ley obliga a informar sobre acciones de desarrollo sostenible; modelos de subcontratación y proveedores; relaciones con los consumidores, e información fiscal.

¿Qué empresas deben aplicarla?

La Ley se aplica sobre las empresas (también las sociedades de capital) que cumplan los siguientes requisitos:

  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500.
  • Que, o bien tengan la consideración de entidades de interés público de, o bien, durante dos años consecutivos reúnan al menos dos de estas circunstancias:
    • Que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros.
    • Que el importe neto de la cifra anual de negocio supere los 40 millones.
    • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

Impacto en el primer año de aplicación

Edificio en un parque empresarial

https://bit.ly/2Px0e2y

El estudio Rethinking Sustainability de EY analiza los efectos del primer año de vigencia de la Ley de información no financiera. Según el informe, el 90 por ciento de las empresas analizadas ya ofrecen información adicional a la requerida por la normativa. EY también detalla que el 55 por ciento de las empresas del Ibex 35 analizadas incorporan objetivos no financieros en su estrategia.

Además, el cien por cien de las empresas describen el proceso de definición de los asuntos relevantes, frente al 71 por ciento de ellas que lo hicieron durante el ejercicio anterior. Este último aspecto resulta relevante, ya que indica el aumento de la concienciación del ámbito corporativo en las compañías.

2020-05-27T17:18:15+02:0019 diciembre, 2019|

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