Cuando un trabajador abandona la empresa en la que trabaja, suele ser básicamente, por dos motivos:

  • Por decisión personal, es decir, cese voluntario, en cuyo caso solamente cobrará un finiquito en el que se le liquidarán los importes que se le adeuden por salario, por la parte proporcional de las pagas extraordinarias no disfrutadas y por las vacaciones generadas y no disfrutadas.
  • Por despido procedente u objetivo, en cuyo caso, además del finiquito, tendrá derecho al devengo de una indemnización por despido, que se calcula teniendo en cuenta las causas del despido, el salario y la antigüedad en la empresa.

En ambos casos, se perciben unas determinadas cantidades de dinero y mucha gente se pregunta si debe incluirlas en la declaración anual del IRPF o, por el contrario, están exentas de tributación. En este artículo aclararemos cómo es la cotización de las cantidades recibidas en una indemnización por despido y otras cuestiones.

Cantidades sujetas a tributación

Las cantidades percibidas en el finiquito, cualquiera que sea la causa del abandono de la empresa, tienen el concepto de retribuciones salariales y, por lo tanto, están sujetas a la declaración del IRPF, tributando por el tipo marginal que le corresponda.

Cantidades exentas de tributación

En el caso de que la finalización del contrato se deba a un despido objetivo o improcedente, las cantidades cobradas en concepto de indemnización por despido están exentas de tributación, según lo dispuesto en el art. 7e) de la Ley 35/2006, del 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

En los despidos producidos con posterioridad al 7 de julio de 2012, solo están exentas las indemnizaciones reconocidas en acto de conciliación o en resolución judicial.

Ahora bien, el artículo 1 del Reglamento del IRPF establece que la exención de tributación de la indemnización está condicionada a la real efectiva desvinculación del trabajador con la empresa.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que no se produce dicha desvinculación si en los tres años siguientes al despido o cese el trabajador vuelve a ser contratado por la misma empresa o por otra vinculada a esta. En estos casos, Hacienda exige la presentación de una declaración complementaria para tributar por la cantidad percibida.

Límites de la cantidad exenta de tributación
Hombre con traje llevando una caja

No obstante, a partir de la entrada en vigor de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, la indemnización exenta por despido tiene un límite máximo que está fijado en la cantidad de 180.000 euros.

Si se supera dicha cantidad, aunque la indemnización total no exceda de lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores o en sus normas de desarrollo, el exceso no estará exento del IRPF y deberá declararse como rendimiento del trabajo personal, sin perjuicio de que se le pueda aplicar la reducción legalmente establecida para rendimientos del trabajo generados en un plazo superior a dos años.

Casos en los que no se aplica el límite

El límite de 180.000 euros no será aplicable a las indemnizaciones que se perciban por los supuestos siguientes:

  • Por los despidos o ceses producidos con anterioridad a 1 de agosto de 2014.
  • Por los despidos que se produzcan a partir de esa fecha cuando deriven de un expediente de regulación de empleo aprobado, o un despido colectivo en el que se hubiera comunicado la apertura del período de consultas a la autoridad laboral, con anterioridad a 1 de agosto de 2014.

Supuestos que no se consideran amparados por la exención

No se consideran amparadas por la exención, estando por tanto plenamente sujetas al impuesto y debiendo declararse el total de la cantidad cobrada:

  • Las indemnizaciones establecidas en virtud de convenio, pacto o contrato.
  • Las cantidades que se perciban como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa distinta del despido o cese del trabajador o para la que no esté establecido con carácter obligatorio el derecho del trabajador a percibir indemnización. Entre estos supuestos, cabe mencionar los siguientes:
    • La extinción, a su término, de los contratos de trabajo temporales o de duración determinada.
    • Los despidos disciplinarios que sean calificados como procedentes.
    • La extinción del contrato por cese del trabajador que no esté motivado por ninguna de las causas a que se refieren los artículos 41.3 y 50 del Estatuto de los Trabajadores que, básicamente, tratan de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter individual, impago o retrasos continuados en el abono del salario pactado, etc.