2 Min de lectura | El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de 2012 un real decreto (1716/2012) sin rango de ley, publicado en el BOE el 31 de ciembre, que concreta algunas medidas de la ley de reforma de las pensiones de […]

El Gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros de 2012 un real decreto (1716/2012) sin rango de ley, publicado en el BOE el 31 de ciembre, que concreta algunas medidas de la ley de reforma de las pensiones de 2011. Pero todavía están pendientes de pactar las nuevas condiciones para la jubilación anticipada y la jubilación parcial. El Gobierno se ha dado de plazo este trimestre para consensuar los cambios con los que espera acercar la edad de jubilación real a la legal, como aconseja Bruselas. Si en ese tiempo no se logra un acuerdo con el Pacto de Toledo, legislaría los cambios y los aprobaría por decreto.

Entre las propuestas presentadas a la comisión del Pacto de Toledo se encuentra la de retrasar la edad de jubilación anticipada voluntaria a los 65 años en el año 2027. La reforma de las pensiones aprobada en 2011 elevaba la edad a 63 años (y 61 para las jubilaciones anticipadas forzosas). El Gobierno también ha propuesto aumentar los años de cotización necesarios para acceder a esta modalidad, que actualmente son 33 años.

Los cambios para la jubilación parcial planteados por el Gobierno al Pacto de Toledo también se centran en elevar la edad: sería a los 63 años también para 2027, con lo que se retrasaría dos años. Además, se aumentaría a un 50 % la jornada (ahora es de como mínimo un 25 %) y a 33 años los mínimos cotizados para acceder a ella (ahora se exigen 30 años).

La jubilación parcial, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, resulta un mecanismo privilegiado y con cargo únicamente a las arcas a la Seguridad Social. Las nuevas medidas no tendrán efectos inmediatos sino que es un ahorro a largo plazo, dijo Burgos.

El Gobierno, además, ha propuesto facilitar el cobro de la pensión a la vez que un salario. Sería recibir entre un 50 % y un 60 % de la prestación de jubilación mientras se continúa trabajando. Esto permitiría ahorrar aproximadamente 900 millones de euros al año a partir de 2015. Aunque no es partidario de incluir a los funcionarios en esta modificación.