El objetivo de esta norma era reducir personal y por ello se obliga a los funcionarios de las administraciones a jubilarse de forma obligatoria a los 65 años. Esta medida afecta sobre todo al personal sanitario y docente, aunque existen ciertos colectivos que tienen la posibilidad de extender su vida laboral hasta los 70 años, como por ejemplo los funcionarios de cuerpos docentes universitarios, magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales o registradores de la propiedad.

Más jubilaciones, menos funcionarios

Antes de que entrara en vigor la jubilación forzosa de funcionarios en la crisis, cuando estos trabajadores cumplían 65 años se les daba la posibilidad de elegir si querían seguir trabajando hasta los 70 años, siempre que sus condiciones físicas y mentales fueran las adecuadas para desempeñar su trabajo (derecho a prorrogar la vida laboral).

A pesar de ello, en los últimos años, el personal sanitario público se ha reducido en más de 20.000 trabajadores y los profesionales de la rama de educación, han disminuido en casi 12.000 funcionarios.

Además, desde el año 2011, los nuevos funcionarios se integran en el Régimen General y el resto se encuadra dentro de lo que se conoce como Clases Pasivas.

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Lo que debes saber…

  • La jubilación forzosa de funcionarios afecta sobre todo al personal sanitario.
  • El número de funcionarios ha bajado en los últimos dos años.
  • De cada diez que se jubilan, solo se repone un nuevo trabajador.