Por jubilarse de forma anticipada se aplica un coeficiente reductor en función del tiempo que se adelante la jubilación con respecto a la edad legal. Eso supone una merma de la cuantía de la pensión: cuanto más se adelante, más se reduce. Y al contrario: por trabajar más allá de esta edad legal o edad ordinario de jubilación se aplican unos porcentajes adicionales, es decir, que se cobra más pensión.

Como uno de los objetivos de Bruselas es que los trabajadores permanezcan más tiempo en el mercado de trabajo, la reforma de la pensiones incentiva en mayor medida la prolongación de la vida laboral con unos porcentajes adicionales mayores. A ellos se acceden al rebasar la edad ordinaria de jubilación vigente, que este año es de 65 años y un mes.

Así, por cada año completo cotizado a una edad superior a la legal de jubilación, el porcentaje adicional es del 2 % si se han acreditado al menos 25 años cotizados al cumplir dicha edad. Cuando se acrediten entre 25 y 37 años cotizados, el porcentaje a aplicar es del 2,75 %. Y si se han cotizado más de 37 años, el aumento es del 4 %.

Antes de la entrada en vigor de la reforma de las pensiones, se aplicaba un 2 % por cada año completo transcurrido desde que se cumplían los 65 años. Y un 3 % para los que habían cotizado 40 años como mínimo al cumplir los 65 años.

El porcentaje se suma a lo que corresponda de pensión, aunque nunca puede superar el límite máximo establecido en los Presupuestos Generales del Estado. En 2013 el máximo es de 2.548,12 euros mensuales y 35.673,68 euros anuales.

Si a la persona le corresponde la pensión máxima de jubilación sin aplicar el porcentaje adicional, cobrará esa pensión máxima y, además, anualmente una cantidad que se obtendrá aplicando al importe máximo vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso. La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se abonará en catorce pagas.